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Durante el Antiguo Régimen (siglos XVI-XIX), que en gran medida heredó instituciones premiales nacidas durante la Baja Edad Media, todo título, honor y preeminencia -todo premio, en fin- tuvo como única fons honorum, tanto en la realidad como en la legalidad, a la Corona. Y, en su inmensa mayoría, dichos honores premiales estaban dirigidos a la élite directora de aquella sociedad estamental, es decir a la Nobleza.

Es sabido que, a consecuencia de los avatares del tránsito entre las antiguas Órdenes de Caballería de origen medieval -cuya pertenencia estaba reservada a la Nobleza-, y las nuevas Órdenes de Estado nacidas al socaire de la revolución francesa -a las que se accede exclusivamente por el mérito y los servicios personales-, son muchas las Órdenes que han incluido en sus estatutos y ordenanzas una concesión de nobleza expresa o un reconocimiento de nobleza genérico. Recordemos, entre las que siguen siendo de Estado, las Órdenes pontificias de la Espuela de Oro y de Pío IX, aunque ya no son nobilitantes; y, entre las que ya no son de Estado hoy en día, algunas Órdenes rusas (San Andrés, San Alejandro Nevski, San Wladimiro, Santa Ana), o la Orden portuguesa de Nuestra Señora de Vila Viçosa(1). Pero no son las únicas, pues el carácter de nobilitante se repitió en otras.

Es también el caso de algunas Órdenes del Reino de España, unas nacidas durante el Medievo -la Insigne Orden del Toisón de Oro-; otras durante el Antiguo Régimen -la Real y Distinguida Orden de Carlos III-; y otras creadas en los albores del liberalismo y del sistema constitucional -como las Reales y Militares Órdenes de San Fernando y de San Hermenegildo, o la Real y Americana Orden de Isabel la Católica-. Creo que es oportuno tratar de ellas, y de sus respectivas circunstancias nobilitantes, a cuyo efecto me he propuesto ofrecer ahora algunas consideraciones y comentarios, sin más ánimo que el de ilustrar a los interesados en una materia que ofrece algunos puntos oscuros, y otros delicados.